30 de julio 2024

Cámara de Diputados

Foro 7: Elección popular de integrantes del Poder Judicial

El diputado Leonel Godoy Rangel (Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales):  afirma que los poderes no funcionan como contrapesos, sino que deben coordinarse y colaborar según lo establecido en la Constitución Política. Por lo tanto, pide cautela al analizar la iniciativa y sugirió revisar si el Poder Judicial actual realmente actúa de manera independiente de los partidos políticos.

La reforma será objeto de ajustes en aspectos específicos que han sido reiteradamente mencionados en los diálogos nacionales, como la gradualidad, la idoneidad y los requisitos. Quienes se oponen a la propuesta si en algún punto de la iniciativa se establece que la elección de jueces eliminará la corrupción e impunidad, y si existen datos sobre cuántos jueces han actuado en favor de las mayorías y de las minorías.

Juan Luis González Alcántara Carrancá (ministro de la SCJN): la iniciativa que hoy se analiza no supone un cambio estructural e integral susceptible a resolver los problemas que aqueja a la impartición de justicia en el país. La reforma apunta a un objetivo loable, dado que acceder a la justicia es hoy en día costoso, tardado y en algunos casos imposible. No gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que como está planteada politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas. Propone que el voto popular permita evaluar el desempeño de personas juzgadoras. Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y, por tanto, deban permanecer en el cargo o bien ser removidos. El voto popular, afirmó, no debe ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o magistrados; al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar e incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad.

Lenia Batres Guadarrama (ministra de la SCJN): Solo los tiranos deben temer a la democracia. En una República soberana, democrática y popular, como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía.

Yasmín Esquivel Mossa (ministra de la SCJN): tratándose de estos juzgadores, considero que si bien todos ellos deben someterse al escrutinio público a través del voto popular con rigor técnico, no podemos hablar propiamente de una elección, pues se encuentran desempeñando sus puestos, por lo que, siguiendo la lógica de la Constitución, se debe pensar en un procedimiento transitorio único de revocación del cargo. Planteó un artículo transitorio para establecer que tanto magistradas, magistrados de circuito, así como juezas, jueces de distrito actualmente en funciones, participen en una jornada electoral de revocación del cargo dentro de la circunscripción electoral, a fin de que se les revoque su nombramiento, si así lo determina la mayoría de la ciudadanía, dentro de una participación de al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Jorge Mario Pardo Rebolledo (ministro de la SCJN): los problemas de administración de Justicia no son exclusivamente atribuibles a quienes juzgan, porque su labor está determinada por normas constitucionales, en las leyes y jurisprudencia que de ellas derivan; es decir, existe un entramado normativo que acorta su actuación judicial y no se trata de la aplicación en abstracto del concepto de justicia. Bienvenida una reforma basada en la evidencia científica, en fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, consolidar la excelencia en la impartición de justicia en los tribunales superiores de los estados, mejorar los procesos judiciales, fortalecer y ampliar el servicio de la defensoría pública, propiciar la capacitación y prestaciones dignas a quienes integran la carrera ministerial en las fiscalías, la profesionalización y dignificación del trabajo policial.

Jaime Cárdenas Gracia (doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM): existe un agravio social respecto del Poder Judicial tanto federal como local, como el nepotismo y los concursos cerrados.  Se ha dicho que se debe defender a débiles y sus derechos, pero en este país los débiles no son los dueños de empresas trasnacionales, grandes empresarios, políticos o altos funcionarios públicos, sino las grandes mayorías de la población a quienes debe atender el Poder Judicial de la Federación.  Consideró que hay muchas razones por las que esta reforma debe ser aprobada y algunos asuntos que deben ser atendidos son los relacionados con la elección de los jueces, magistrados y ministros, que sea con un sistema de mayoría, de representación proporcional o mixto.

Luis Enrique Pereda (miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana de Abogados): a favor de una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero para que mejore y no que empeore, y planteó que haya precandidatos propuestos por otras organizaciones como universidades, colegios de abogados, cámaras empresariales, sindicatos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Se requieren jueces libres e independientes y si esta reforma no abona a eso, entonces no mejoró, sino destruyó.

Mayerline Rueda Olivares (colaboradora legislativa del GP de Morena): la reforma es necesaria porque terminará con la corrupción en los juzgados y porque se debe cambiar lo que no está funcionando y no da resultados. Además, habrá mayor transparencia, rendición de cuentas, eficacia en la impartición de justicia, se erradicará el dedazo, el influyentismo o las palancas, porque se decidirá por democracia.

Raúl Contreras Bustamante (Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y profesor titular definitivo “C” de la Facultad de Derecho de la UNAM): es relevante cuidar dos dimensiones de la independencia judicial: la institucional y la individual. Las enmiendas constitucionales deberán establecer normas que garanticen una mayor dotación de recursos presupuestarios porque si se desea alcanzar la justicia pronta y expedita se requiere de mayor presupuesto y políticas públicas bien diseñadas. Las enmiendas a la Carta Magna tienen que fijar procesos que garanticen la correcta selección de personas que demuestren reunir las aptitudes y conocimientos necesarios. No debe desaparecer la carrera judicial.

Jaime Miguel Moreno Garavilla (Presidente del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho A.C.): sin justicia no hay libertad y que la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio de los derechos de los demás con los nuestros, lo cual resuelve el problema de las ciencias sociales y fue proclamado por quienes redactaron la primera Constitución Política de 1824 y dieron origen al Estado mexicano. La mejor garantía de los derechos y la permanencia de nuestra Constitución es la fe en las promesas, el amor al trabajo, la educación de la juventud; el respeto a sus semejantes es la fuente de donde emanara nuestra felicidad.

Adriana García (representante del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y del Colectivo de Organizaciones denominado la “Justicia que queremos”): estudios realizados en Estados Unidos han advertido que el voto popular de jueces presenta problemas graves, pues al haber influencia de dinero en las elecciones hay un mercado negro en su financiamiento, lo cual influye en la imparcialidad de los jueces. Además, ese estudio arrojó que se desalienta a los candidatos idóneos y se estimula a quienes son más los políticos, se pone en riesgo el derecho de las minorías, mientras que, en el caso de Bolivia, el índice de voto en la elección de jueces es de menos del 40 por ciento de la ciudadanía.

Eduardo José Torres Maldonado (abogado, sociólogo y especialista en derecho constitucional y amparo): esta reforma fortalecerá la independencia judicial y evitará que los pobres sean revictimizados por los jueces, ya que la justicia en México está a la venta, se apadrina y defiende a los poderosos.

Eduardo Andrade Sánchez (Doctor en ciencia política y catedrático): el poder constituyente permanente realmente puede hacer la modificación que le ordena el pueblo, como lo dice el artículo 39 constitucional, y un consenso de estos foros es que se requiere una reforma al Poder Judicial. Se debe de analizar la conveniencia de aplicar el método de elección popular con apertura, y preguntarse por qué hay esa situación. La propuesta parece ser una respuesta a esa politización.

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