PRIORIDADES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. TENDENCIAS, DESAFÍOS Y SOLUCIONES.
Parte 3. Atender las necesidades de una población que envejece
El envejecimiento de la población es una tendencia mundial sin excepciones, afectando a todas las regiones, aunque en algunos territorios como Asia Oriental, Europa Occidental, África del Norte, Sudáfrica y el Cono Sur, esté más avanzado que en otros. Por ello, es necesario adoptar un enfoque más integrada que se centre en los aspectos clave del envejecimiento en etapas posteriores de la vida, como la atención de la salud, el trabajo y las circunstancias financieras.
Las Naciones Unidas incluyeron esta cuestión en su agenda para el desarrollo, que aboga por la creación de sociedades inclusivas para todas las edades y exige que cada Estado miembro tenga en cuenta los efectos transversales del envejecimiento en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Siendo objetivos prioritarios: la lucha contra la pobreza en la vejez, la igualdad de edad y la protección de la salud en la vejez. Muchos países e iniciativas regionales han pasado a considerar el envejecimiento de la población como una prioridad política, cuestión que fue reconocida en la Asamblea Mundial de la Salud de 2016.
De acuerdo con las estimaciones mundiales, se prevé que el número de personas de 80 años o más, se triplique entre 2020 y 2050 llegando a alcanzar los 426 millones. Aunado a ello, se espera que la tasa de fecundidad disminuya, pasando de 2,42 en 2020 a 2,18 en 2050.
Es importante destacar, que al menos 142 millones de personas mayores en todo el mundo, carecen de la capacidad funcional necesaria para satisfacer sus necesidades diarias y la disponibilidad mundial de servicios profesionales de cuidados de larga duración es escasa ya que el 48% de la población de mayor edad no está cubierta por ningún tipo de servicio profesional. Al respecto, el 49% de los países afirmaron en 2020 contar con una política o estrategia de cuidados de larga duración.
Por otra parte, a escala mundial el 49.6% de la población que supera la edad legal de jubilación, recibe una pensión de vejez contributiva y el 44.5% una pensión de vejez no contributiva. Actualmente, el 53.7% de la población activa, contribuye a regímenes de pensiones y acumula derechos a una pensión contributiva.
El envejecimiento de la población supone un aumento de los costos que soportan los sistemas de seguridad social independientemente del contexto institucional que haya dado lugar a su estructura organizacional; además de suponer un cambio en la morbilidad de la población. Por ello, las instituciones de todo el mundo han reformado y adaptado sus regímenes y programas para hacer frente a las limitaciones financieras y satisfacer las necesidades de la población de edad, por ejemplo, mediante pensiones sociales. Sin embargo, esta adaptación será más fácil si las instituciones pueden partir de una base existente de instituciones resilientes, lo que necesita de una condición previa: la formalización de la economía.
Estas medidas tienen por objetivo facilitar prestaciones adecuadas y abordar los problemas existentes en materia de sostenibilidad, por tanto, los regímenes con poblaciones aún más jóvenes se benefician de un periodo de “dividendo demográfico” que les permite desarrollar su capacidad para gestionar los efectos del envejecimiento de la población.
La sostenibilidad se ha convertido en uno de los desafíos más complejos para los sistemas de seguridad social debido al envejecimiento de la población y al aumento de la tasa de dependencia y para afrontarlo, el planteamiento más común ha consistido en aumentar la tasa de cotización y prolongar la actividad de las personas de edad avanzada mediante el aplazamiento de la edad de jubilación. Así pues, las instituciones deberán tener en cuenta diversos aspectos como la incidencia de la transición hacia una economía verde en los nuevos riesgos y los programas de seguridad social, que aumentan la incertidumbre de las labores actuariales y de inversión.
Por otro lado, la prevalencia de las enfermedades no transmisibles de larga duración tales como las enfermedades cardiovasculares, los síndromes respiratorios, los trastornos psiquiátricos, los cánceres o las enfermedades degenerativas prolongadas, no hacen sino aumentar. Lo que da lugar, a una mayor vulnerabilidad ante las pandemias.
Acerca de los cuidados prestados a las personas de edad avanzada, se plantean dificultades respecto a la diferenciación entre los cuidados que son financiados por el sistema de seguro de enfermedad y precisan un alto nivel de competencia técnica, y el apoyo social destinado a actividades cotidianas. Estos dos aspectos requieren una estrecha coordinación entre las instituciones de seguridad social, con el fin de desarrollar programas comunes o establecer una rama específica de la seguridad social.
Otro reto para brindar una respuesta eficaz al envejecimiento es la prevalencia de la economía informal al constituir una debilidad institucional que impide facilitar a las personas de edad avanzada una sustitución de los ingresos digna. Lo que suscita una gran preocupación entre los países donde los ingresos de las personas de la tercera edad dependen de regímenes de pensión universales financiados con cargo a los ingresos del sector público, que, a su vez, dependen de la formalización de la economía. Al respecto, es importante señalar que, en la mayoría de las ocasiones, los servicios de asistencia personal cotidiana son voluntarios e informales, en particular en el caso de las mujeres que desempeñan muchas labores de cuidados en el marco de la economía informal.
En el Continente Americano se han observado 2 perfiles demográficos y dos modelos institucionales que aplican enfoques distintos. En el norte y en el extremo sur, el enfoque adoptado en cuanto al envejecimiento de las poblaciones se ha visto influido por el liberalismo económico, por lo que es más común el ahorro para las pensiones. Sin embargo, en el resto del continente y en el Caribe, el enfoque se basa en la protección universal, a menudo mínima y de cuantía fija. La insuficiencia de pagos de pensiones con cargo a fondos de jubilaciones supone una carga para las arcas públicas y ha dado lugar a reformas sucesivas de los sistemas de pensiones en América Latina.
Como conclusión, es importante destacar que en lo que respecta a las pensiones se exigirá una reforma de los sistemas de pensiones, teniendo en cuenta cinco factores que influirán en el gasto siendo éstos: el número de beneficiarios de edad avanzada, el nivel y la duración de los pagos, los ingresos, el número de personas disponibles para financiar estas necesidades y la duración de los periodos de cotización.
Respecto a la salud, el envejecimiento de la población dará lugar a un cambio de paradigma, observando un aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con la edad; y cuestiones como las necesidades de cuidados o la pérdida de autonomía de las personas de edad avanzada cobrarán mayor importancia, trayendo como consecuencia un aumento significativo en el presupuesto.
Por tanto, la formalización y la extensión de la cobertura de la seguridad social deben ser una prioridad para todos los países. Es necesario formalizar la economía a fin de conseguir el nivel de madurez institucional necesario para responder con eficacia a este fenómeno.
Arturo Rangel Bojorges Mendoza
Consejero Suplente ante el H. Consejo Técnico del IMSS.
Información obtenida del Informe Mundial 2022 de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
